La nueva normativa, derivada de la llamada Ley SAC, obliga a que las llamadas con fines comerciales a usuarios o consumidores finales sean realizadas con numeración con prefijo 400, con el fin de facilitar a los usuarios un mecanismo de identificación de llamadas telefónicas con finalidad comercial y reducir los riesgos de potenciales actividades fraudulentas. Dicha numeración no es para regular las llamadas entre empresas ni las comunicaciones solicitadas previamente por el propio usuario. Considerar ilícita cualquier llamada comercial sin este prefijo genera confusión en la opinión pública y en el sector empresarial.

Madrid, 12 de noviembre de 2026. Tras la entrada en vigor el pasado 17 de octubre del rango 400 para llamadas comerciales (desarrollado por la Resolución de la SETID de 14 de abril a raíz de la Ley de Servicios de Atención a la Clientela), se ha instalado en la opinión pública la idea errónea de que cualquier llamada comercial que no utilice este prefijo es ilícita o potencialmente fraudulenta.

Esta confusión ya está provocando el rechazo y bloqueo masivo de llamadas legítimas por la falta de información pública sobre los criterios que aplican los operadores de telecomunicaciones para cortar las llamadas, una opacidad que ha llevado a organizaciones como la AEERC a recurrir sobre el rango 400 y sobre los parámetros y protocolos técnicos que rigen estos bloqueos.

El resultado es el bloqueo indiscriminado de comunicaciones lícitas, sumado a la imposibilidad técnica de devolver la llamada a los números 400 con el fin de verificar por parte de los usuarios al llamante cuando estos reciben dichas llamadas.

Una problemática transversal:

Esta situación no afecta únicamente a los operadores de telecomunicaciones: está dificultando la operativa diaria de los equipos comerciales de empresas de cualquier sector y autónomos.

La creación del prefijo telefónico 400 tiene como uno de sus objetivos proteger al consumidor final (ámbito B2C) frente a llamadas comerciales no deseadas, así como de potenciales fraudes.

En este sentido, el propio artículo 2 de la Ley SAC restringe la obligación de usar el rango 400 en relaciones B2C a las grandes empresas (más de 250 empleados o 50 millones de euros de facturación) y a prestadoras de servicios básicos de interés general (suministradores de luz, gas y energía, telecomunicaciones, transporte o finanzas). Por tanto, su exigencia en el ámbito empresarial en llamadas de empresa a empresa no procede.

Dado que la regulación no resulta aplicable a las comunicaciones entre empresas, aquellas empresas cuya actividad comercial queda fuera del alcance de la Ley SAC podrán seguir utilizando sus líneas móviles de empresa y numeración geográfica de su centralita telefónica para llamadas comerciales B2B.

Desde ASOTEM consideramos urgente la confirmación pública y explícita de este criterio para frenar el bloqueo indiscriminado de llamadas y el perjuicio de la productividad y la economía de miles de empresas y autónomos en toda España.

Referencias: 

La AEERC recurre ante la Audiencia Nacional la imposición del prefijo 400 y solicita medidas cautelares.

La AEERC solicita los criterios y directrices de bloqueo de las llamadas comerciales.